El campo de San Luis rechazó las retenciones, el impuestazo del 61% y convocó a un paro

El viernes pasado las entidades rurales de Río Quinto, de San Luis, del Valle del Conlara y de Rosario; la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract; la Confederación Rural de San Luis y CARTEZ se reunieron y emitieron un comunicado para fijar posición frente a las últimas medidas que impulsan los gobiernos de Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá.

En el documento convocaron a los productores a "un cese en la comercialización de granos y hacienda en pie con destino a faena", para el 26 y 27 de este mes.

Las entidades rechazaron "todas aquellas medidas de gobierno que han llevado al estancamiento del sector productivo" y el "aumento desmedido" del 61% en los impuestos que quiere aplica el gobernador Alberto Rodríguez Saá en 2020.

De la misma forma cuestionaron a los senadores nacionales Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, y a los diputados Carlos Ponce, Karim Alume y Victoria Rosso, quienes votaron a favor de la Ley de Emergencia Económica aprobada este viernes.

Por esto declararon "persona no grata" a los legisladores puntanos que avalaron un "nuevo aumento de retenciones agropecuarias que se traduce en una nueva transferencia de recursos desde el interior productivo para uso discrecional del Estado nacional".

"La producción agrícola de San Luis, con las nuevas alícuotas aceptadas, se convierte inviable para los pequeños productores quienes trabajan con innumerables condicionamientos incluido la lejanía a los puertos", sostuvieron desde las entidades.

Por otro lado, repudiaron los nuevos aumentos de retenciones agropecuarias, y la disminución de las correspondientes a la minería y el petróleo. "Junto al impuesto a los ingresos brutos, son los tributos más regresivos y dañinos a la producción porque gravan el ingreso sin discriminar si hubo ganancias o pérdidas ni la escala productiva, perjudicando mayormente a pequeños productores", explicaron.

Analizaron que el campo "ha contribuido económicamente para mantener la paz social y lo seguirá haciendo, pero también exige responsabilidad en la administración de los recursos públicos y conocer en que se han gastado los casi 200.000 millones de dólares que ha aportado en concepto de retenciones agropecuarias durante los últimos años".

En esta línea exigieron el "mismo esfuerzo de parte de la oligarquía política a nivel nacional, provincial y municipal habida cuenta que a la fecha la ciudadanía no conoce ninguna medida de ajuste para la clase política".

"La actual situación de emergencia económica exige responsabilidad de todos los sectores. No puede ser que el ajuste siempre lo sufran los pequeños productores, las pymes y los trabajadores, mientras la clase política aumenta los gastos. En este contexto, no hay lugar para mantener privilegios a costa de los contribuyentes”, expusieron.

Solicitaron a la clase política que “reduzcan sus gastos, dietas y salarios en un 30% y la suspensión de cualquier actualización por 4 años".